Un nuevo paquete de medidas en el sector de agua potable y saneamiento básico para hacerle frente al Covid-19 dispuso el gobierno nacional.

El Decreto 819 entrega nuevos alivios económicos para apoyar a las familias colombianas y a las empresas prestadoras de estos servicios públicos. 

“Hasta el 31 de julio ampliamos el plazo para que las familias de los estratos 1 y 2 tengan la posibilidad de diferir hasta en 36 meses las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo con una tasa de interés del 0%. El mismo plazo queda establecido para los hogares de los estratos 3 y 4, y para usuarios comerciales e industriales que por la emergencia no puedan pagar oportunamente sus recibos de servicios públicos, en este caso se podrá diferir el pago hasta en 24 meses a un interés real del 0%”, dijo el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón.

El Ministro explicó que este beneficio inicialmente aplicaba hasta mayo pero, teniendo en cuenta la situación económica de millones de familias, se amplió hasta julio. Sin embargo, hizo un llamado para que los hogares que puedan seguir pagando oportunamente no dejen de hacerlo. 

El Decreto también incluye una medida sin precedentes que beneficia a los acueductos rurales y las familias que habitan en el campo.

“Por primera vez en la historia de Colombia tendremos subsidios directos a los acueductos rurales y comunitarios, garantizando la operación y generando un alivio en el costo mensual para las familias. Este alivio será de $12.400 pesos mensuales por usuario y aplicará hasta diciembre. Así, un usuario rural en Colombia paga entre $19 mil y $20 mil pesos al mes, con este subsidio del Gobierno Nacional, quedaría pagando entre $7 mil y $8 mil pesos, lo cual es un alivio significativo para una población con altos niveles de vulnerabilidad” aseguró el jefe de la cartera de Vivienda y Agua. 

A este subsidio podrán aplicar los 1.621 operadores rurales registrados en la Superintendencia de Servicios Públicos. 

“La invitación para el resto de acueductos rurales es a que inicien ese proceso de registro y formalización para poder llegar a beneficiar a las más de dos millones de personas que habitan en el campo”, concluyó Malagón.